Como anteriores gobiernos, la administración Humala ve con espasmo el deterioro de la seguridad ciudadana en el país, sin haber emprendido reformas estructurales largamente requeridas en la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, como lo demuestran la creciente informalidad e ilegalidad, los feminicidios, invasiones, asesinatos violentos, falsificaciones, y corrupción generalizada.

Más bien, opta por el camino más sencillo y equivocado, incrementar las penas , reducir los beneficios procesales y penitenciarios, ampliando el espectro de punición penal, creyendo ilusamente que con ello va a impedir el aumento de la criminalidad y delincuencia. La clase política, no quiere darse cuenta que nuestro sistema penal “hace agua” y hace rato que está desbordado, por cuestiones de estructura, corrupción y ausencia de prevención. Peor aún, en el colmo de la desfachatez y dejando su obligación de conducir a sus comunidades, ciertos Alcaldes distritales en Lima, piden la presencia de las FF.AA para resguardar las calles. La propia opinión pública se deja conducir por la corriente punitiva, cuando solicita más “mano dura”; en una reciente encuesta, el 70% considera que estamos en riesgos de ser un “narco Estado”.

Suena fácil, pero no es coherente. Ya hay varias regiones del país que se han acostumbrado a convivir en permanente estado de emergencia en escenarios militarizados donde el alto mando militar se convierte en un espacio fuera del Estado de Derecho: no son responsables, desconfían del Poder Judicial y producen todo tipo de corruptelas impunes. El mismo Presidente Humala confía más en sus “guardias pretorianos” antes que en la ciudadanía ni en su Policía.

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