Noticias

Guerra contra las drogas, guerra contra las mujeres

30 marzo 2015

Por Sergio Chaparro Hernández

A los 30 años Andrea ya era madre soltera de seis hijos. Un día, en medio del desespero por no encontrar trabajo, aceptó la propuesta de ingresar drogas a una cárcel en San José de Costa Rica. En la requisa para ingresar, temblando del miedo, decidió sacar la droga que llevaba escondida en su cuerpo y confesarle al guardia que lo hacía por necesidad, por el bienestar de sus hijos. Fue condenada a cinco años de cárcel. Por fortuna estuvo sólo durante cuatro meses, pues fue beneficiaria de una Ley que contemplaba la posibilidad de una solución alterna para quienes cometieran por primera vez este delito. Hoy, sin embargo, no ha logrado conseguir trabajo, pues su hoja de vida está "manchada".

Miles de mujeres colombianas también han sido condenadas o están sindicadas por delitos menores de drogas, bien sea por ser cultivadoras, mulas o incluso sólo por portar cantidades superiores a la dosis personal. En las cárceles del país hay hoy 3.861 mujeres por delitos de drogas (el 46 % del total), de las cuales 3.153 (el 81 %) lo están por cultivar, procesar, portar o comerciar, sin haber cometido una conducta violenta u otro delito, o sin que se haya probado su pertenencia a una organización criminal. Se trata, en su mayoría, de mujeres pobres, con escasas oportunidades: el 76 % de las internas en Colombia ni siquiera ha podido concluir su bachillerato.

A diferencia de las mujeres que ingresan drogas a las cárceles de Costa Rica, y pese a que el gobierno colombiano ha defendido en escenarios internacionales la necesidad de implementar alternativas al encarcelamiento, estas mujeres no han recibido ninguna consideración especial. El Estado gastó el año pasado 12.4 millones de pesos para mantener a cada una de ellas en prisión: un dinero que bien hubiese servido para brindarles alguna clase de apoyo para ganarse la vida de otra manera. Esto equivale a 39.400 millones de pesos al año, que se invertirían mejor en prevenir un aumento del consumo problemático con estrategias de salud pública, o en una política más racional que apunte a regular el mercado de drogas ilícitas para cortarles el flujo de recursos a las organizaciones criminales y a quienes, dentro y fuera de ellas, son los que en verdad se lucran del negocio.

Leer el artículo completo.

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.