Declaración de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) sobre políticas de drogas
Los Defensores Públicos y Defensoras Públicas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), América Latina y El Caribe, reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, en el marco de celebración de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF:
Advertimos. Que la actual política de drogas desarrollada en nuestros países enfatiza la respuesta penal, en lugar de una respuesta preventiva orientada en el respeto de los derechos humanos y en el derecho a la salud. Ello nos ha alejado de los objetivos pretendidos en el abordaje integral desde la perspectiva de la salud, la criminalidad e impacto social, produciendo serias distorsiones en las políticas públicas y el entramado social.
Reiteramos. Que la ausencia de un enfoque integral ha privilegiado la respuesta penal como principal herramienta, dificultando la implementación de políticas sociales y sanitarias adecuadas, afectando derechos económicos y sociales, sobre todo de las poblaciones con más necesidades.
Preocupados. Porque el enfoque represivo adoptado por las legislaciones, ha generado consecuencias colaterales en las poblaciones más vulnerables, más allá de la lucha contra el consumo y trafico de drogas, debilitando el tejido social y desconociendo instrumentos internacionales tendientes a la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Advertimos. Que esta situación repercute de forma particular en el ejercicio de los objetivos y funciones de las Instituciones de Defensas Públicas, las quereciben las demandas de asistencia jurídica, en particular para ejercer el derecho de Defensa en sus causas criminales.
Consideramos. Que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos. Frente a ello, los Estados deben desarrollar políticas públicas con miras a garantizar el ejercicio de estos derechos (dignidad humana, información, salud, autonomía personal, entre otros), evitando su estigmatización y criminalización.
Reiteramos. Que el consumo de drogas es un problema social y de salud pública, y no criminal, por lo que amerita una respuesta sanitaria y de salud pública, que debe ser analizada desde el enfoque en la reducción del daño y riesgos.
Consideramos. Que las legislaciones de algunos de nuestros países no hacen distinción entre los actores menores del tráfico de drogas, en función del daño que producen, por lo que muchos suelen tener penas elevadas quivalentes,
injustamente, a los actores relevantes del tráfico. Esto ha producido la criminalización de los eslabones últimos, menores y fungibles de la cadena de tráfico, siendo la mayoría personas en situación de vulnerabilidad (personas de bajos recursos, mujeres victimas de violencia intra familiar, pueblos y comunidades indígenas, refugiados, desplazados, entre otros).
DECLARAMOS:
Que cada Estado debe iniciar un debate extenso y exhaustivo, en los distintos niveles y autoridades competentes, y conforme a los principios fundamentales de derechos humanos, sobre un enfoque integral en política de drogas, que incorpore aspectos de salud pública, educación, integración social, seguridad humana y el combate a la delincuencia organizada, que mitigue junto a una estrategia integral, las amenazas y riegos de las adicciones y el delito asociado a ellas.
Que cada Estado inicie un debate extenso sobre la despenalización del consumo de drogas, la promulgación de leyes proporcionales para el tráfico menor de drogas y se garantice el acceso al derecho a la salud de las personas usuarias de drogas.
Que los Estados introduzcan en sus legislaciones, elementos de valoración en términos de proporcionalidad y perspectiva de género, sobre el grado de participación, daño causado, pertenencia o no de una organización criminal, de las personas procesadas por tráfico de drogas.
Que los Estados analicen la posibilidad de incorporar las buenas prácticas de los países y gobiernos que han despenalizado la posesión y consumo personal de drogas ilícitas y el impacto que esas medidas tienen en la salud,
criminalidad, descongestionamiento del sistema penal y del sistema penitenciario.
Se insta a los Estados, a revisar su política criminal de drogas, con base en información científica y parámetros objetivos. De igual forma, que en los futuros procesos de elaboración de políticas de drogas participen, de manera activa, las Defensorías Públicas y otros organismos pertinentes, los usuarios de drogas y sus familiares, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Se vota esta declaración por mayoría incluyendo el apoyo de la Defensoría General de la Nación de la Republica Argentina (con abstención de Argentina Asociativa).
Firmamos en Santo Domingo, República Dominicana el día 24 de junio de 2014.