Uruguay rompió el tabú y se lanzó a debatir formal y legalmente la posibilidad de que el Estado legalice y controle la venta y producción de marihuana para combatir el narcotráfico, haciendo del pequeño país sudamericano el primer lugar del mundo donde el Gobierno plantea una iniciativa similar.

El proyecto, del que se venía hablando en el país desde hace semanas, llegó el miércoles por la noche al Parlamento y consta de un solo artículo de tres párrafos en el que se señala que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados".

Además, la norma especifica que "el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior, para las actividades" mencionadas y aclara que estas medidas se ejercerán "en el marco de una política de reducción de daños" que alerte sobre "los efectos perjudiciales del consumo de marihuana" para minimizar daños a la población.

Ahora, este proyecto de ley deberá ser debatido en ambas cámaras del Parlamento, en donde el oficialismo de izquierdas (Frente Amplio) goza de mayoría absoluta y donde probablemente sufrirá modificaciones o añadidos en un proceso que según señalaron varios legisladores se alargará como mínimo hasta 2013.

Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, indicó hoy a Efe que esta iniciativa "no es la primera" que busca en el mundo una circulación legal de la marihuana, pero sí tiene "la novedad" de pedir "el control del Estado en toda la cadena de producción".

Para Calzada, esta intervención estatal en la producción y venta de la marihuana se debe a que el objetivo último es "arrebatar" el control del mercado a los narcotraficantes

"El proyecto es un artículo único con cinco párrafos, pero su explicación de motivos tiene diez páginas. Allí decimos que pedimos una regulación por parte del Estado de toda la cadena, porque es un un proyecto sanitario para reducir riesgos y los daños causados por las sustancias. Eso es lo central", añadió.

El responsable de la lucha contra las drogas en Uruguay destacó sin embargo que una de las consecuencias más importantes de esta iniciativa es que deja "el debate abierto" sobre este asunto "como nunca antes", rompiendo un "tabú que era impensable hace unos años".

Desde la oposición, el senador Luis Alberto Heber, líder del Partido Nacional, reconoció este aspecto del proyecto del Gobierno, si bien lamentó la idea de que quieran convertir al Estado en "productor y vendedor de marihuana".

"No lo entendemos y esperamos aún que nos digan como piensan controlar esas cosas. ¿La semilla a quién se compra? ¿Se importará?. ¿En qué campos se va a producir? ¿Serán funcionarios públicos los vendedores?

¿Cómo va a ser la red de venta? Hay muchas preguntas sobre una decisión que para mí no es buena, sino un disparate", añadió.

Sin embargo, Heber se mostró de acuerdo a la hora de buscar una "válvula de escape" para los consumidores y cultivadores domésticos de marihuana, que viven en medio de la "incongruencia" de las leyes, que autorizan el consumo pero sancionan el cultivo y el tráfico, en este último caso con penas de hasta 10 años el tráfico.

Otros legisladores, como el oficialista Sebastián Sabini, quien presentó hace unos meses en la cámara baja un proyecto para despenalizar el autocultivo, se mostraron satisfechos con la iniciativa del Gobierno, pero sobre todo con la posibilidad de hablar abiertamente del asunto.

"Comparto cien por cien el espíritu de intentar terminar con el narcotráfico por la vía de la regulación del mercado. Es una medida audaz y que no tengo duda que va a cambiar el esquema con el que se discuten estas cosas", indicó el diputado.

Sabini destacó que ahora se podrá debatir en el Parlamento y se podrá buscar un consenso sobre la base "de reconocer que los esfuerzos hechos hasta ahora para detener el narcotráfico y el consumo, han fracasado".

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