¿Primer paso para tratar la problemática de las drogas como un asunto de salud pública?

Los Gobiernos de Colombia y de Bogotá han dado nuevos pasos contra el problema del consumo de estupefacientes, después de haber centrado durante décadas la guerra contra las drogas en el combate militar al narcotráfico.

El Ejecutivo nacional, que preside Juan Manuel Santos, optó por una herramienta legislativa y sancionó el pasado 31 de julio la primera ley colombiana que reconoce la adicción como un problema de salud pública, al tiempo que obliga a las sociedades médicas a cubrir la rehabilitación de los adictos que quieran recuperarse.

Esta iniciativa, según dijo el sociólogo y director de la organización Acción Andina, Ricardo Vargas, "no supone ninguna revolución" pero abre una salida al drama social de la droga.

En cualquier caso, esta medida del Gobierno de Colombia, país en el que actualmente está prohibido el porte y consumo de drogas superior a la dosis mínima (máximo 1 gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana), es "menos comprometida" y polémica que la abordada por la Alcaldía de Bogotá, aseguró.

El burgomaestre capitalino, el izquierdista Gustavo Petro, irrumpió con el anuncio de la creación de centros de expendio y consumo controlado para adictos a drogas duras, al estilo de los que ya existen en ciudades como Madrid, Barcelona, Vancouver o Berna.

Pero la "vuelta de tuerca" del alcalde Petro fue barajar la posibilidad de proveer gratuitamente la droga a los adictos cuando atraviesan el síndrome de abstinencia.

Esto atrajo una lluvia de críticas, incluso del Gobierno nacional, cuyo aval sería imprescindible para la puesta en práctica de la iniciativa.

La ministra de Salud y de la Protección Social, Beatriz Londoño, descartó la idea al indicar que por acuerdos internacionales Colombia no puede entregar drogas ilícitas a los ciudadanos y añadió que solo en cinco ciudades del país se puede suministrar metadona a los adictos a la heroína.

Entre tanto, el procurador General, Alejandro Ordóñez, llegó a tildar la iniciativa de inconstitucional, pues la Carta Magna de 1991 "establece que en Colombia el adicto no es un delincuente sino un enfermo para el que se deben diseñar políticas públicas para efectos terapéuticos", y la intención de Petro, a su juicio, no tiene esa finalidad.

En principio, estos Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas (CAMAD) o "narcosalas" estarían destinados a los 7.000 consumidores de "bazuco" (pasta base de coca adulterada) de Bogotá y se ubicarían alrededor de las "ollas", como se conocen en Colombia a los zonas urbanas donde se vende y consume droga.

Pero, según advirtió Vargas, "hay vacíos de investigación en torno al 'bazuco' o 'paco' que limita la posibilidad de aplicar tratamientos como es la metadona para la heroína y se centran en paliativos".

Por eso, consideró que la iniciativa de Petro quedaría "coja" y debería "enmarcarse en una perspectiva estratégica con otras políticas sociales de prevención y reducción de daños que propulsara la Alcaldía".

Petro se justificó al asegurar que "no es un salto al vacío" y mostrarse convencido de la eficacia que tendría este sistema para "aislar la juventud del crimen, quitar el consumo de las calles y debilitar las bandas del narcotráfico dedicadas al microtráfico".

Aunque precisó que no pondrá en marcha la estrategia si el Gobierno no la aprueba, recordó que contempla una atención integral, es decir, que irá de la mano con una política de salud que busque la prevención y que intente disminuir los daños del consumo.

Vargas descartó que las recientes medidas colombianas estén en la línea de lo que está sucediendo en Uruguay, donde el Parlamento estudia un plan gubernamental para convertirse en el primer país del mundo que produzca y venda marihuana y así disminuir el avance de la delincuencia y arrebatar el negocio al narcotráfico.

El informe "Dinámica de Expendio y Consumo de Drogas en Bogotá", realizado por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, dependiente de la Alcaldía, señala que de los 1.632 homicidios registrados en la ciudad entre enero y diciembre de 2011, 252 (15,4 %) estuvieron relacionados con los estupefacientes.

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