Uruguay puede convertirse pronto en el primer país en optar por un mercado de marihuana controlado y legalmente regulado por el Estado, tanto para fines médicos como recreativos, incluyendo el cultivo y la distribución. La valiente propuesta de Uruguay, dada a conocer el 20 de junio pasado, podría efectivamente convertirse en el gran paso histórico que muchos actores en todo el mundo han venido esperando respecto al estancamiento de las políticas sobre drogas. Tal como lo expresó acertadamente el Presidente uruguayo José Mujica: “Alguien tiene que ser el primero”.

Actualmente se está produciendo un debate complejo y sofisticado en América Latina sobre cómo manejar los problemas relacionados a las drogas. ¿Se quedará el sistema de control de drogas de las Naciones Unidas en estado de negación? WOLA y el TNI han trabajado durante dos décadas en el campo de políticas internacionales sobre drogas, produciendo recientemente una serie de vídeos que documentan los daños perpetrados en nombre de la “guerra contra las drogas”. En uno de estos vídeos, Alicia Castilla, una mujer de 67 años de edad, cuenta cómo fue encarcelada durante dos meses por cultivar marihuana en su casa en Uruguay. Su historia contradice los estereotipos que existen sobre consumidores de marihuana, y expone dramáticamente el sufrimiento innecesario y el tremendo desperdicio de recursos del gobierno, causados por la persecución de la marihuana.

Historias como la de Alicia sugieren que el gran paso dado por Uruguay será bien recibido a lo largo de un amplio espectro político y geográfico. Muchos de nuestros contactos en la política no pueden aún decirlo públicamente, pero en privado y casi sin excepción concuerdan en que la cuestión ya no es si se producirá la regulación de la marihuana, sino más bien cuándo y cómo tendrá lugar ésta.

Desde luego, un obstáculo principal para una reforma sensata de las políticas sobre marihuana ha sido el propio sistema de los tratados internacionales para el control de drogas de la ONU. La marihuana (más bien el cannabis) fue indebidamente incluida en el marco prohibicionista del sistema, empezando con la Convención Única de 1961 de la ONU. Las propuestas de reforma, aún las más moderadas, generan posturas desproporcionadas entre los guardianes de las Convenciones de las Naciones Unidas – países poderosos como los EE.UU. y Rusia, y entidades de ONU como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) – como si estas reformas estuvieran atacando la “integridad del sistema de los tratados”.

Predeciblemente, la decisión de Uruguay de optar por un mercado regulado doméstico de marihuana está entrando en tensión con el sistema de control de drogas de la ONU. El presidente de la JIFE, Raymond Yans, de Bélgica, no perdió tiempo en denunciar a Uruguay. Durante la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el pasado 26 de junio (el “Día Internacional contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas”), Yans declaró que Uruguay constituía el “eslabón más débil” de la cadena del control mundial de drogas. Yans también profirió una amenaza apenas velada respecto a que la decisión de Uruguay de dar paso a un mercado regulado de marihuana podría poner en riesgo el acceso de este país a medicinas esenciales. Sin duda, tales ataques tienen la intención de aislar y estigmatizar a Uruguay, y de desanimar a cualquier otro gobierno de alzar su voz en defensa de Uruguay o de emprender un camino similar.

Ahora Yans está solicitando permiso del gobierno de Mujica para montar una misión de “emergencia” de la JIFE a Uruguay. Pero la rapidez con la cual el presidente de la JIFE ha denunciado a Uruguay, y el tenor insultantemente simplista de sus argumentos contra la propuesta de este país, plantean serias dudas sobre la utilidad de una misión de la JIFE a Uruguay en el contexto actual. Esperemos por lo menos que la JIFE no vaya con una postura determinada, y que en vez esté dispuesta a escuchar, a entender y a sostener un diálogo sincero.

Seamos claros: nadie en Uruguay ha sostenido que la marihuana sea inofensiva o que un mercado regulado resolvería todos los temas relacionados a los consumidores problemáticos o a los mercados clandestinos y la participación de los delincuentes. Tras años de evaluaciones de las políticas, y enfrentándose ahora a nuevos retos como la epidemia del consumo de paco, el gobierno uruguayo tiene buenas razones para creer que, en relación a la marihuana, un mercado regulado y controlado por el Estado sería la mejor opción para la salud y el bienestar de su población.

El gobierno uruguayo ya enfrenta decisiones difíciles para diseñar un marco regulatorio que considere opciones como el “auto-cultivo” y las asociaciones de consumidores (siguiendo el modelo de los clubes cannabicos en España), aunado a la concesión de licencias o incluso al monopolio estatal sobre la producción y distribución. Un proceso de consultas, tal como está considerando el gobierno ahora, puede ayudar mucho a identificar un modelo de regulación que cuente con el mayor apoyo posible de la sociedad civil y del Congreso. Adicionalmente, Uruguay enfrentará el desafío de reconciliar sus nuevas políticas sobre marihuana con sus obligaciones bajo los tratados de drogas de ONU. ¿Cuáles son exactamente los límites de la flexibilidad de que disponen? ¿Puede la marihuana ser eliminada del todo del sistema de control de la ONU? ¿Podría un grupo de países con ideas afines abandonar temporalmente las Convenciones y luego reintegrarse al sistema con reservas respecto a la marihuana? ¿O es que acaso el marco de la convención de la OMS sobre tabaco brinda un modelo útil para formular una convención especial sobre marihuana, como alternativa? Éste es el tipo de preguntas que los defensores del status quo preferirían no considerar. Sin embargo, ya no es posible esperar que estas cuestiones simplemente desaparezcan.

Medio siglo después de la adopción de la Convención Única de 1961, Uruguay ha dado un valiente paso, reconociendo que ha sido un dramático error histórico incluir a la marihuana en el sistema mundial de control de drogas – similar a la prohibición del alcohol en los EE.UU. – , con todos sus dispositivos criminalizadores. Tal valentía inspirará a otros países, y Uruguay no estará solo.

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