Reducción de consecuencias adversas es la mejor meta para las políticas emergentes sobre drogas, según expertos

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Reducción de consecuencias adversas es la mejor meta para las políticas emergentes sobre drogas, según expertos

26 junio 2012

En las Américas, el costo de las drogas ilícitas ha crecido extraordinariamente en los últimos años, pero con diferentes repercusiones sobre los países productores, consumidores y de tránsito. Para mitigar dichas repercusiones, en las políticas sobre drogas se debe abordar no solo la oferta sino también la reducción de la demanda y de los daños, afirmaron varios expertos en una mesa redonda organizada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para observar el Día internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

“Aunque los trastornos debidos al consumo de sustancias son más prevalentes en los países desarrollados de las Américas, la carga de esos trastornos sobre la salud, en particular en cuanto a años de vida ajustados en función de la discapacidad, es desproporcionadamente alta en los países de ingresos bajos y medios”, afirmó el doctor Jon K. Andrus, Director Adjunto de la OPS. “Otras consecuencias desfavorables del tráfico y del consumo de drogas incluyen delincuencia, violencia, corrupción y violación de los derechos humanos”.

“La reducción de la demanda reviste prioridad para garantizar un planteamiento integral y equilibrado que permita resolver el problema mundial causado por las drogas, pues nos consta que el abuso es un problema social y sanitario que requiere un enfoque multisectorial e interdisciplinario”, dijo Álvaro Briones, Director de Políticas y Programas de Seguridad Multidimensional de la Secretaría de la OEA.

Según los cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más de 40 millones de personas en las Américas (6,9% de la población de 15 a 64 años de edad) habían usado cannabis hasta el 2006. Unos 10 millones habían consumido cocaína; 5,7 millones, estimulantes del tipo de la anfetamina; y 2,2 millones, heroína. En los últimos años, la tendencia en las Américas ha sido el uso creciente de drogas del tipo de la anfetamina, debido a la disponibilidad de los precursores químicos necesarios para sintetizar las metanfetaminas. En América del Sur, el consumo de cannabis y de cocaína también va en aumento.

Las posibles consecuencias para la salud de ese consumo de drogas comprenden desde la infección por el VIH/sida y la hepatitis B y C (por inyección de drogas), hasta drogodependencia, sobredosis, suicidios y lesiones. Además, aun el consumo ocasional de drogas puede aumentar el riesgo de accidentes, lesiones y problemas interpersonales.

Los datos probatorios de los países que han adoptado diferentes métodos para resolver estos problemas indican que ni la intensificación del cumplimiento ni la despenalización de las drogas tiene una repercusión importante sobre los niveles de consumo de drogas en la población, declaró el doctor Peter Reuter, Director del Programa sobre la Economía de la Política del Delito y la Justicia establecido por la Universidad de Maryland y economista principal en la empresa RAND. Sin embargo, las políticas gubernamentales pueden reducir los daños relacionados con el consumo y el tráfico.

“La legalización disminuirá en forma masiva los daños por usuario”, afirmó el doctor Reuter, porque “la mayoría de esos daños son consecuencia de las políticas, no de las drogas en sí". Agregó que la legalización probablemente beneficiaría a las comunidades urbanas pobres y minoritarias, debido a las repercusiones desfavorables del comercio de drogas en esos grupos. Por otra parte, las comunidades de clase media podrían observar un aumento significativo del uso, con los consiguientes efectos adversos. Afirmó que la legalización de la marihuana sería un caso excepcional en esta situación.

Para brindar apoyo a la formulación de políticas sobre drogas, la OPS y la OEA firmaron recientemente un acuerdo para colaborar en el examen y análisis de la situación del consumo de drogas en las Américas y elaborar una estrategia y un plan de acción regionales con el fin de abordar el problema. Los esfuerzos conjuntos se centrarán en el fortalecimiento de la capacidad institucional, los sistemas de investigación e información y la reducción de la demanda, con hincapié en la detección temprana en los servicios de atención primaria de salud.

A medida que se amplíe el debate internacional referente a las políticas sobre drogas para considerar nuevas opciones, incluida la despenalización, es importante tener en cuenta los datos probatorios existentes al configurar políticas, dijeron los expertos.

“Lo que hagamos en el futuro y, en particular, las políticas que promovamos deben basarse en datos probatorios. De lo contrario, nos condenaremos a nosotros mismos a depender de la incertidumbre y la intuición en el momento de tomar las decisiones más importantes”, afirmó Briones.

La OPS, que celebra su 110.o aniversario este año, es la organización de salud pública más antigua del mundo. Trabaja con sus países miembros para mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de las Américas. También sirve como Oficina Regional de la OMS para las Américas.

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