“El año que viene esperamos estar evaluando la implementación de una nueva ley de drogas”. Así se expresó Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, en el cierre de la 10º Conferencia sobre Políticas de Drogas que se llevó adelante el pasado 7 de junio en el Senado de la Nación. A lo largo de la jornada, quedó claro que los funcionarios a nivel nacional están de acuerdo con la despenalización, que los diputados han llegado a una propuesta de consenso y que existen graves deficiencias en el desarrollo de tratamientos para usuarios de drogas.

“Esperemos de acá a un año encontrarnos nuevamente, pero evaluando la implementación de una nueva ley de drogas”, afirmó Graciela Touzé, presidenta de Intercambios el pasado jueves 7 de junio, al dar por finalizada la 10º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que al cumplir su primera década de existencia parece cerca de poder celebrar una de las motivaciones que convocó su origen: lograr la reforma de la ley de estupefacientes 23.737 en un marco de debate más amplio sobre las políticas públicas que deben implementarse en todos los ámbitos para generar una respuesta integrada a los problemas asociados a las drogas.

Así pareció perfilarse luego de una intensa jornada de debate, el pasado jueves 7 de junio en el salón Azul del Honorable Senado de la Nación, donde unas 400 personas participaron de la Conferencia, que este año centró su programa en las propuestas de la campaña “15 ideas para una nueva ley de drogas”.

En la apertura, Touzé recordó que en 2003, cuando se realizó por primera vez la Conferencia, la intención fue “poner sobre la mesa el tema de los derechos de los usuarios de drogas. Hoy, tras diez años, los derechos humanos constituyen un tema central en la agenda política. Con ese horizonte lanzamos hace unas semanas la campaña 15 Ideas para una nueva Ley de Drogas. Son 15 ideas que se han construido colectivamente, a partir de investigaciones, intervención en territorios y diálogos con distintos sectores, para promover una política que garantice que el padecimiento subjetivo y social no se enfrente con más castigo sino con más inclusión”.

Un dato novedoso en la apertura fue la presencia del representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), en apoyo al cambio de paradigma, ya que en las últimas dos décadas este organismo se mantuvo generalmente contrario a la despenalización. O’Donnell explicó que “la despenalización no implica la legalización de las drogas. Estamos ante dos procesos diferentes. La despenalización responde a la necesidad imperiosa de no criminalizar a las personas que consumen drogas. La legalización implica un horizonte en el campo jurídico que, como mínimo, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales”. El representante de la SEDRONAR aseguró que “el sistema penal deberá intervenir activamente allá donde se lo requiere: en la persecución del narcotráfico como crimen organizado”.

Por su parte, Cristina Caamaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, hizo un reconocimiento a los diez años de la jornada que organiza Intercambios: “Esta conferencia ha sido central para debilitar el consenso sobre la respuesta punitiva”, aseveró. Según la funcionaria del Ministerio de Seguridad, “nos importa que la lupa deje de ponerse en los más débiles, a la vez que quedan libres los poderosos. Mientras se criminaliza a los eslabones más débiles de las cadenas de comercialización, las redes que garantizan las grandes organizaciones permanecen impunes”.

A su turno, Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación destacó la importancia de trabajar en reducir la estigmatización asociada al consumo de drogas, incluso legales como el alcohol, en los lugares de trabajo.

¿Qué ley de drogas necesitamos?

Las propuestas 1 a 7 de las “15 ideas por una nueva ley de drogas” fueron abordadas en la primera mesa de la mañana, bajo el título ¿Qué ley de drogas necesitamos? Con esta consigna, el sacerdote Charly Olivero de la villa 21-24 de Barracas, el juez en lo criminal Adrián Grunberg, la psicóloga Ana Tisera del Hospital Borda y el activista cannábico Ignacio Canabal, de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC); interrogaron a los diputados autores de los diversos proyectos para reformar la ley 23.737 de estupefacientes.

Los legisladores Victoria Donda (Libres del Sur), Manuel Garrido (Unión Cívica Radical-UCR), Fabián Peralta (Generación para un Encuentro Nacional- GEN) y Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria - FPV) respondieron a las inquietudes.

En una breve introducción por parte de los diputados, Fabián Peralta dijo: Lo que la Corte dictaminó a través del fallo no es una opinión más a tener en cuenta o no: el Congreso está en deuda con ese fallo y ojalá pronto saldemos esa deuda”. Garrido agregó que el hecho de que el Congreso “esté tratando esto hoy en día es alentador y muestra una coincidencia entre los poderes”.

El juez Adrián Grunberg hizo varias observaciones respecto de lo que prevén los proyectos en cuanto a las penas para las mulas y las personas que venden para su propio consumo, que podrían quedar encuadradas como parte de asociaciones ilícitas y dijo que “es interesante el proyecto de la diputada Puiggrós que plantea absolver a las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

Luego el Padre Charly señaló que, si bien ve “justa” la despenalización, no le parece “estratégica, porque vemos que hay una cantidad de derechos vulnerados que no van a poder garantizarse, los de los pibes que no tienen la capacidad de instalar un tema en la agenda”. Y preguntó: “¿Por qué antes de despenalizar no explicamos la diferencia entre despenalizar y legalizar? ¿Por qué antes no poblamos los territorios de dispositivos de atención a los usuarios?”

Victoria Donda respondió: “Estamos de acuerdo con que debería haber una reforma integral, pero no podemos seguir diciendo ‘chicos, mientras yo peleo por una política más integral, la policía los va a seguir llevando por consumir”. La diputada agregó: “Creemos, además, que si deja de estar en el campo penal, empezará a ser más evidente para todos que el problema es de salud”.

Adriana Puiggrós agregó que “cuando a un chico que se droga o a una mujer que actúa como mula la sociedad le dice ‘delincuente’, hay que explicarle que no lo son. Y no alcanza con que se lo digamos los educadores, sino que también lo debe decir la ley”. Garrido, por su parte, apuntó que “mucha plata que se gasta en perseguir a usuarios debería dedicarse a la salud y a perseguir la delincuencia compleja” y que la ley aún vigente genera estigmatización y persecución. “Con esta reforma estamos eliminando parte de las violaciones a los derechos vulnerados”, finalizó.

A su turno, Ignacio Canabal propuso para el autocultivo pensar en asociaciones de usuarios como modo de acceso a las sustancias, “lo cual también permitiría un mejor control del Estado”. Finalmente, Ana Tisera advirtió que “todo empeora cuando a los pacientes con problemáticas de salud mental se les suma el consumo. Se les impide acceder a dispositivos, porque algunos colegas prefieren no trabajar el sufrimiento mental cuando hay situaciones de consumo”.

¿Qué atención socio-sanitaria necesitamos?

En el panel ¿Qué atención socio-sanitaria necesitamos?, que se centró en los puntos 8 al 15 de las 15 Ideas, hubo coincidencia en que “faltan tratamientos y respuestas sociales para las personas que consumen drogas”. Se denunció la escasez de dispositivos de atención en general y, en especial, la ausencia de respuestas específicas tanto para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal como para personas en prisión con consumo problemático y la situación de vulnerabilidad de quienes venden para consumir. Entre los expositores se coincidió, además, en la necesidad de auditar a las instituciones dedicadas a los tratamientos.

En el panel expusieron Marta Monclús Masó, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Virginia Sansone, defensora pública de Menores e Incapaces, Patricia Pinto, operadora del Programa de Reducción de Daños del Municipio de San Martín y Carina Stehlik, directora del Plan de Adicciones de la provincia de Mendoza, con la moderación de Hugo Cohen, asesor en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Entre las 15 ideas, el punto 13 propone “facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas”. Monclús Masó explicó que “no hay diagnóstico, no sabemos cuántas personas consumen ni qué consumo hay en las cárceles”. La procuradora presentó un informe de Naciones Unidas para la región que revela que se estima que el 45% de la población carcelaria tiene problemas de consumo, pero hay servicios disponibles para apenas el 2%, con requisitos muy severos. “En el año 2009 sólo 5 detenidos finalizaron el tratamiento, apenas el 4% del total que lo habían iniciado el tratamiento. Un 50% no lo continuó porque fue expulsado”.

Sansone centró su presentación en la vulneración de los derechos de niños y niñas con consumo problemático de drogas: “De los chicos menores de edad detenidos en Ciudad de Buenos Aires, al 10 % se les imputa la comercialización de estupefacientes. Al resto se les aplica la figura de consumo. Paradójicamente se los castiga, se los retira de la calle y se los interna”.  ¿Cuáles son los resultados? De 650 chicos con necesidad de ayuda, sólo 35 están en tratamiento y, de éstos, apenas el 3% llegan a la segunda fase del tratamiento.

La situación para las personas adultas no difiere. “En el sistema de salud los usuarios de drogas no somos reconocidos como usuarios con derechos, somos rechazados, estigmatizados”, señaló Patricia Pinto, operadora del Programa de Reducción de Daños del municipio de San Martín (provincia de Buenos Aires), e integrante de la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas (RADAUD).

Finalmente, Carina Stehlik, directora del Plan de Adicciones de la provincia de Mendoza, presentó la experiencia de su jurisdicción, donde el Plan forma parte del área de Salud Mental. Con nueve Centros de Atención a las Adicciones en la provincia, la funcionaria hizo énfasis en que existen “situaciones específicas que requieren respuestas particulares y que recreemos dispositivos: la complejidad de las patologías duales, los pacientes crónicos, mujeres y adolescentes”.

Experiencias internacionales

Las experiencias internacionales fueron presentadas por João Castel-Branco Goulão, coordinador del Centro Portugués de Drogas y Alcohol, quien llevó adelante el modelo de despenalización regulada que funciona en ese país desde 2001, y Ann Fordham, directora del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), quien se refirió a los debates sobre políticas de drogas en el contexto internacional. Ambos distinguieron entre la regulación legal del mercado de drogas y la discusión en la Argentina, que se centra exclusivamente en la descriminalización de las personas que usan drogas.

Castel-Branco Goulão explicó que una de las primeras consecuencias de la descriminalización es la mayor demanda de usuarios de drogas al sistema de salud, que empiezan a pedir ayuda cuando ya no se sienten perseguidos ni haciendo algo ilegal. “Cuando empecé a trabajar en este tema, hace más de veinte años, era común que la gente no quisiera dar más que su nombre de pila, las personas tenían un miedo enorme. Hoy, luego de diez años de despenalización, te dan sin inconvenientes su carnet de identificación porque tienen la tranquilidad de que nadie los llevará presos”, aseveró.

La reforma del año 2001 en ese país incluyó una ley de descriminalización regulada, medidas para el control de la oferta y, sobre todo, nuevas formas de atención de la demanda: “Incorporamos diversidad de tratamientos, introdujimos la metadona como parte de la terapéutica y programas de discriminación positiva para la inserción laboral de drogadictos en tratamiento, entre otras políticas”, afirmó el especialista.

Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), se refirió al desafío que significa en todo el mundo generar políticas alternativas a la represión. “Muchos gobiernos del mundo enfrentan los mismos desafíos que la Argentina está discutiendo hoy. Un ejemplo de que el tono del debate está cambiando es que, por primera vez este año, el gobierno de Estados Unidos reconoció en la sesión anual de la Comisión de Estupefacientes (CND) de Naciones Unidas en Viena que ´ha habido una extremada confianza en los beneficios del encarcelamiento´. Ese es un indicio claro del cambio”, señaló.

Fordham se centró en la diferencia entre descriminalizar el consumo y legalizar el mercado de drogas: “Lo que discute la Argentina actualmente es la descriminalización de la tenencia para consumo personal”. También aseveró que son claves: la proporcionalidad de las sentencias penales, que distingan el microtráfico de las situaciones más graves.

A modo de conclusión, la representante de IDPC destacó: “La evidencia global demuestra que continuar criminalizando a los usuarios de drogas no mejora la situación. El enfoque argentino tiene un fuerte arraigo en la perspectiva de derechos humanos y el cambio en la ley puede hacer una importante contribución a la discusión internacional de las políticas de drogas”.

Ronda de consultas en Diputados

En simultáneo a la 10 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas en el edificio anexo de la Cámara de Diputados se realizó una ronda de consultas con funcionarios y organizaciones sociales sobre qué modificar de la ley 23.737 de estupefacientes.

La ronda de discusiones en diputados tuvo un resultado concreto: los siete proyectos de ley quedaron sintetizados en uno, con consenso sobre tres temas clave: 1) la despenalización de la tenencia y autocultivo para consumo personal, 2) una reducción de las penas para los eslabones más débiles del tráfico, especialmente las mulas y 3) una serie de parámetros para la distinción entre consumo personal, tenencia simple y tráfico. Para convertirse en ley, el proyecto debe ser votado por la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores.

Si bien aún resta ese camino, la expectativa generada por el acuerdo logrado en la cámara baja se palpó en el cierre de la Conferencia Nacional, donde Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, concluyó con la expresión de deseo citada al principio de este boletín: “Esperemos de acá a un año encontrarnos nuevamente, pero evaluando la implementación de una nueva ley de drogas”.

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