Noticias

Adepcoca ofrece al Gobierno erradicar unas 6.000 h de coca

19 enero 2012

La Razón, 18 de enero de 2012, Ernesto Calizaya / La Paz

La Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) emitió una resolución en la que sus afiliados ofrecen erradicar más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, de manera que sólo se tenga un cato por familia y no una hectárea por socio, como sucede actualmente.

La decisión la hizo conocer el presidente de Adepcoca Departamental, Ernesto Cordero, según explicó, con la intención de desvirtuar informes que afirmaron que este sector no estaba dispuesto a cumplir el convenio que firmaron los cocaleros en septiembre de 2008 y que refiere la aceptación de deshacerse de cultivos excedentarios a cambio de varios proyectos

"Hemos analizado fríamente el tema de la coca de los Yungas de La Paz y estamos pidiendo al Gobierno la revisión del convenio, que indica que en La Asunta se debe respetar una hectárea por socio. Esto no puede ser", dijo a La Razón el dirigente.

Adujo que en La Asunta, de acuerdo con sus registros, existen 9.129 socios, y si se cumple el convenio de 2008 se traduciría en similar número de hectáreas de cultivos de coca, lo cual ven como exagerado.

"Ahora pedimos un cato por familia, ya no una hectárea por cada socio. (...) Cuando se manejaba una hectárea por socio, en una casa son cinco o seis personas y una familia nomás tenía seis hectáreas", dijo Cordero para justificar el pedido de Adepcoca de revisar el convenio.

Delimitación. El cato por familia debería cumplirse en la "zona verde", donde hasta ahora se mantiene una hectárea por socio. También proponen que en el "área amarilla" se declare coca cero, lo mismo que en el "área roja", por determinación de las zonas originarias y ancestrales de Yungas. Sin embargo, dirigentes de las tres centrales, que el domingo 8 de enero expulsaron a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de la zona de La Asunta, solicitan que no se erradique en el área de esas centrales.

"La vigilia es constante en La Asunta y como dirigentes estamos preocupados porque la gente se va sumando y hay presión. (...) La decisión de Adepcoca no nos preocupa porque las tres centrales y sus 15 comunidades nos hemos separado. Si ellos proponen un cato por familia es para ellos. Nuestra coca es de comunidades antiguas y no se debe reducir", argumentó Pascual Mamani, uno de los dirigentes que habría liderado la presión para expulsar a la FTC de La Asunta.

En horas de la tarde ayer, representantes de las centrales La Asunta, Litoral y Río Cajones-La Asunta, que se desmarcaron, llegaron hasta el frontis del Ministerio de Gobierno y exigieron ser atendidos por el titular de esa repartición, Wilfredo Chávez. "Queremos aclarar que desconocemos a Cofecay y que la coca por demás está en el Chapare", manifestó Mamani.

El lunes, en una reunión propiciada por el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), dirigentes de las provincias de Inquisivi, Nor y Sud Yungas, y los ministerios de Gobierno, Defensa y Tierras, se ratificó el convenio de 2008 para la erradicación concertada de coca y ejecución de proyectos de desarrollo integral, pero el acuerdo fue desconocido por Adepcoca y por las tres centrales.

Erradicación. En el marco de ese acuerdo, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo ayer que "el reinicio de la erradicación en La Asunta será de acuerdo con cronograma" y que la FTC está definiendo un detalle técnico para establecer la fecha para dar inicio a esa labor. En tanto, los dirigentes Pascual Mamani y Mario Miranda retiraron el plazo de 48 horas que habían dado para sacar los bienes de la FTC del lugar, aunque reiteraron que "no se va a permitir que quiten nuestra coca".

Desacuerdo entre los cocaleros

Violencia

El 8 de enero, un grupo de 700 cocaleros expulsó a la FTC de La Asunta.
Se denunció agresión a uniformados.

Dirigencia


Se cuestiona los acuerdos logrados por Félix Barra, dirigente de Cofecay, porque "es de la comisión política del MAS".

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.